A través de la Resolución Nº 650 del Ministerio de Gobierno, la administración de Axel Kicillof publicó en el Boletín Oficial la obligatoriedad de empadronamiento y puesta a norma de conjuntos inmobiliarios consolidados con carácter final, que apunta a regularizar la situación de unos 600 countries instalados en el territorio bonaerense.
El plazo de inscripción al empadronamiento comenzó con su publicación en el BO, este mismo jueves, y finalizará el día 31 de marzo de 2021, al tiempo que alcanza a los titulares de dominio o representantes legales de los inmuebles con desarrollos compatibles con las figuras urbanísticas de Clubes de Campo y Barrios Cerrados.
De acuerdo con datos oficiales, apenas 343 de 1.070 barrios cerrados se encuentran en regla e el territorio bonaerense, aunque alrededor de 100 transitan el camino de la regularización, mientras que un 50 % del total se ubican en Pilar, Tigre y Escobar, y alrededor del 80 % están emplazados en el AMBA.
En el artículo tercero de la Resolución, se explica que “aquellos poseedores de parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales o privativas de urbanizaciones que se encontraren en infracción, y cuyos titulares de dominio no se hubieran inscripto en el empadronamiento, podrán manifestar su interés en ingresar al mismo desde el 1º al 30 de abril de 2021, debiendo acreditar haber intimado en forma fehaciente al titular de dominio y los responsables del desarrollo a inscribirse durante el plazo establecido”, con lo cual se insta fuertemente a regularizar la situación.
El Gobierno destacó entre los considerandos de esta Resolución que la necesidad de la misma parte que el 7 de mayo de 2019 se creó el “Régimen de Regularización de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados”, con un plazo de vigencia de 90 días y durante el cual ingresaron apenas 97 urbanizaciones cerradas, aunque tras la realización de distintos relevamientos satelitales se observaron “aproximadamente 600 inmuebles” con “desarrollos inmobiliarios consolidados y compatibles con las figuras urbanísticas de Club de Campo y Barrio Cerrado” que no cuentan con la convalidación técnica final y, por ende, están en infracción a la ley.
Ante lo expuesto, el Ejecutivo destacó como “imperioso” resolver la situación ya que “el otorgamiento de la factibilidad en las urbanizaciones cerradas, lejos de constituir un mero trámite, implica el resguardo técnico urbanístico, hídrico y ambiental de un proyecto, motivo por el cual aquellos desarrollos que se consolidan sin los respectivos estudios constituyen un riesgo potencial para la población en general”.
Por último, se expone que como existen en la Provincia muchas parcelas vendidas “en infracción a la ley y en perjuicio de los adquirentes de las mismas”, algo que dificulta –o imposibilita–la subdivisión y escrituración, también “repercute en la esfera tributaria, al postergarse la instancia de aplicación de la metodología de valuación adecuada técnicamente para captar el valor inmobiliario involucrado” y generando “situaciones de inequidad impositiva frente a las cuales el Estado no quiere ni puede ser indiferente”.