La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, está envuelta desde hace varios meses en el conflicto con las clases presenciales y su relación con los maestros tiene antecedentes polémicos. Es recordada la oportunidad en que destrató a los docentes en un video que circuló tras una reunión de zoom en la que sostuvo que “la mayoría elige la carrera docente luego de haber fracasado en otras″.
Pero más allá de esas palabras, el vínculo con los gremios de CABA siempre fue combativo en relación a las paritarias y al sueldo que perciben por su labor al frente del aula. Esa problemática no es importante para la propia Soledad Acuña que, como funcionaria del gobierno de la Ciudad percibe la exorbitante cifra de los $312.000 mensuales.
Antes de recaer en el Ministerio, tuvo otros cargos públicos menores y sus primeros pasos los dio como legisladora porteña entre 2003 y 2007. Además, estuvo al frente de la Subsecretaría de Promoción Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires de 2007 a 2011, y luego pasó a liderar la Subsecretaría de Equidad Educativa en la dependencia que ahora dirige.
Con sus más de 18 años en la función pública y toda una vida viviendo del Estado, le permitieron a Acuña adquirir dos vehículos: un Citroën C3 y un tiempo después un Citroën C4, por lo que tiene a su nombre solamente en automóviles un patrimonio cercano a los dos millones de pesos, que se suman a los $250.000 en gastos de tarjeta de crédito mensuales.
Con el último de esos rodados, la ministra de Educación registra una multa de tránsito impaga con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de $9.750. Del mismo modo, en el ámbito de la provincia, también adeuda cinco infracciones por $70.000, lo que da un total de casi $80.000 que la funcionaria macrista le debe al fisco.
La titular de la cartera educativa y principal aliada de Horacio Rodríguez Larreta en la lucha por las clases, había sido denunciada anteriormente en una presentación elevada por la ONG La Alameda. En ella, su presidente, Gustavo Vera, acusaba a Soledad Acuña de haber incrementado de manera exponencial su patrimonio, que aumentó un 368% del año 2016 al año 2017.
En este sentido, Vera la denunció por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos y también incluía al jefe de Gabinete de Lanús y pareja de la ministra, Diego Kravetz, resaltando que “pone en evidencia la constitución de una organización ilícita destinada a cometer delitos, la que ha sido cuidadosamente diseñada con la finalidad de obtener dinero de las arcas públicas”.
Dura sanción en la pulseada por la presencialidad.
Un DNU, que sí, que no… La vida en juego mientras las clases presenciales se siguen dictando en CABA pese al paro de los gremios y al malestar del Gobierno nacional. La postura indeclinable del PRO se mantendrá así hasta que se exprese la Corte Suprema de Justicia al respecto.
Sin embargo, la Justicia porteña le ordenó en las últimas horas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla con el fallo que impone no computar las faltas a los alumnos cuyos padres decidan no enviarlos a clases presenciales por temor al contagio de Covid-19. Además, le advirtió a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que podría recibir una multa de $50 mil diarios.
El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, Guillermo Scheibler, dispone que “en el plazo de 24 horas″, el Gobierno porteño ″acredite en la causa la comunicación a todos los establecimientos escolares de gestión pública y privada de la concesión y vigencia de la medida cautelar dictada en autos″. Dicha medida ordena ″abstenerse de computar las faltas de los alumnos cuyos padres resolvieran la no concurrencia de sus hijos a las escuelas hasta que no quede saldado el conflicto judicial″ por la presencialidad.
¿Su rebeldía en ese papel combativo que desempeña Acuña se justifica para abonar la severa sanción? El tiempo y la pandemia dirán.
