Buscando romper la hegemonía del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Frente de Todos apostaron por dos figuras que cobraron relevancia en territorio porteño en los últimos años. Uno de ellos es el radical Leandro Santoro que va como diputado nacional y el otro es Alejandro Amor, que aspira a ser legislador tras su paso como Defensor del Pueblo.
En el caso de Santoro, además de ser asesor de Alberto Fernández, tiene tres puestos simultáneos, uno de ellos en la Auditoría General de la Nación, donde no percibe sueldo, otro en la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde cobra $82.600 como docente y el tercero en la Legislatura de CABA, con un salario de $320.000, es decir que, se lleva más de $400 mil a su bolsillo todos los meses.
Una de las primeras irregularidades del candidato del FDT es que en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo dieron de baja por no presentar las Declaraciones Juradas ni los balances de sus ingresos en la facturación por la cual estaba inscripto.
Sus años viviendo del Estado le permitieron poder comprarse dos automóviles: un Chevrolet Sonic y un Citroën C3, sin dudas dos vehículos que cualquier persona desearía tener.
Pero, un dato llamativo es que, a pesar de haberse presentado en 2015 como candidato a vicejefe de Gobierno en la fórmula que encabezaba Mariano Recalde y actualmente ocupar una banca en la Legislatura Porteña, Santoro tiene domicilio en la localidad bonaerense de Acassuso, perteneciente al partido de San Isidro, donde tiene un lujoso piso.
Pero no solamente él vive del Estado, sino también su pareja, Ginette Soulas, quien tiene dos empleos en la administración pública, o sea incompatibilidad de funciones. Por un lado, tiene un contrato en el gobierno de CABA y, por el otro, un puesto en el Instituto Nacional de Servicios Sociales.
En el primero de ellos gana $25.000 por mes, mientras que por sus funciones en el último percibe la envidiable suma de los $221.000. Lo curioso es que, Soula tiene un elevado consumo de tarjetas de crédito que asciende a casi $300 mil por lo que sus erogaciones, inexplicablemente, son mayores a sus ingresos.
El prontuario de Amor
En el caso de Alejandro Amor, la situación es muy parecida a la de Santoro. Con un pasado en la Legislatura porteña entre 2011 y 2013, luego ocupó el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 24 de julio de este año, cuando se confirmó su candidatura por el Frente de Todos.
El postulante de la oposición también tiene abultados ingresos, en la Defensoría del Pueblo de CABA estaba ganando $262.500, mientras que, por su cargo en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado, percibe todos los meses la elevada cifra de $166.800.
Lo curioso es que, más allá de que sus ingresos sean exorbitantes, más alto es todavía el número de sus gastos, teniendo en cuenta que registra un total de $1.189.000 de consumo de tarjetas de crédito, es decir que gasta cuatro vece más de lo que gana.
Entre otros tantos manejos turbios, Amor tiene entregado un cheque sin fondos por $249.000 que, a pesar de haber sido emitido en el año 2015, todavía no lo pagó.
El patrimonio del ahora ex titular de la Defensoría del Pueblo es realmente envidiable, ya que cuenta con una flota compuesta por cuatro automóviles: un Peugeot 3008, un Fita 500, Volkswagen Suran y un Citroën Picasso, con valor cercano a los 8 millones de pesos. Lo raro es que, con el Peugeot tiene tres infracciones de tránsito sin pagar por $23.850.
También Amor registra cinco propiedades en CABA a su nombre, todos departamentos de distintos tamaños y ambientes que rondan el millón de dólares en el costo total.
Pero sus manejos espurios no son solamente en el ámbito público, ya que también es parte de una compañía llamada Ratio Juris SLR, que el último balance declaró ganancias por solo $89.540. La misma firma tiene problemas con el fisco, ya que la AFIP le inició un juicio por evasión impositiva.
Y, como si todo esto fuera poco, también su esposa, Sandra Zimmermann vive del Estado y, casualmente, tiene un cargo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el que percibe la abultada suma de los $166.000.
