El Frente de Todos porteño, un conjunto de dirigentes más sucios que una papa

Los precandidatos del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerraron su campaña de cara a las PASO de este domingo, que tendrá en Leandro Santoro la figura central con el objetivo de intentar la hegemonía macrista de más de 14 años al frente de la gestión en la Capital Federal.

En el caso de Santoro, si bien se buscó que sea la cabeza de la boleta por una presunta transparencia en sus acciones, tiene tres puestos simultáneos, uno de ellos en la Auditoría General de la Nación, donde no percibe sueldo, otro en la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde cobra $82.600 como docente y el tercero en la Legislatura de CABA, con un salario de $320.000, es decir que, se lleva más de $400 mil a su bolsillo todos los meses.

En este sentido, una de las primeras irregularidades del candidato del FDT y asesor del presidente Alberto Fernández, es que en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo dieron de baja por no presentar las Declaraciones Juradas ni los balances de sus ingresos en la facturación por la cual estaba inscripto.

Desde hace muchísimo, Santoro trabajó siempre en el ámbito público, algo quedó de manifiesto en su cruce virtual y televisivo con el polémico economista liberal, Javier Milei. Sus años viviendo del Estado le permitieron poder comprarse dos automóviles: un Chevrolet Sonic y un Citroën C3, sin dudas dos vehículos que cualquier persona desearía tener.

Pero no solamente él vive del Estado, sino también su pareja, Ginette Soulas, quien tiene dos empleos en la administración pública, o sea incompatibilidad de funciones. Por un lado, tiene un contrato en el gobierno de CABA y, por el otro, un puesto en el Instituto Nacional de Servicios Sociales. En el primero de ellos gana $25.000 por mes, mientras que por sus funciones en el último percibe la envidiable suma de los $221.000.

Como si todo esto fuera poco, un dato llamativo es que, a pesar de haberse presentado en 2015 como candidato a vicejefe de Gobierno en la fórmula que encabezaba Mariano Recalde y actualmente ocupar una banca en la Legislatura Porteña, el dirigente radical del FDT tiene domicilio en la localidad bonaerense de Acassuso, perteneciente al partido de San Isidro, donde es dueño de un lujoso piso.

Un mecanismo que se repite “con Amor”

De la misma forma, Alejandro Amor, que va como primer precandidato para la Legislatura porteña, lugar que ya conoce por su mandato entre 2011 y 2013, luego ocupó el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 24 de julio de este año, cuando se confirmó su candidatura por el Frente de Todos.

Al igual que Santoro, Amor también tiene abultados ingresos, en la Defensoría del Pueblo de CABA estaba ganando $262.500, mientras que, por su cargo en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado, percibe todos los meses la elevada cifra de $166.800.

Pero, un dato llamativo del precandidato del Frente de Todos es que, si bien sus ingresos son exorbitantes, más alto es todavía el número de sus gastos, teniendo en cuenta que registra un total de $1.189.000 de consumo de tarjetas de crédito, es decir que gasta cuatro vece más de lo que gana.

Entre otros tantos manejos turbios, Amor tiene entregado un cheque sin fondos por $249.000 que, a pesar de haber sido emitido en el año 2015, todavía no lo pagó y quizás, por esas deudas que tiene sin pagar, es que el patrimonio del ahora ex titular de la Defensoría del Pueblo es realmente envidiable.

Amor cuenta con una flota compuesta por cuatro automóviles: un Peugeot 3008, un Fita 500, Volkswagen Suran y un Citroën Picasso, con valor cercano a los 8 millones de pesos. Continuando con ese mecanismo de no abonar sus compromisos, con el Peugeot tiene tres infracciones de tránsito impagas por $23.850.

Además de sus cuatro vehículos, también registra cinco propiedades en CABA a su nombre, todos departamentos de distintos tamaños y ambientes que rondan el millón de dólares en el costo total.

Contrariamente a Santoro, Amor si tiene relación con el ámbito privado, donde también tiene manejos espurios, ya que es parte de una compañía llamada Ratio Juris SLR, que el último balance declaró ganancias por solo $89.540. La misma firma tiene problemas con el fisco, ya que la AFIP le inició un juicio por evasión impositiva.

Y, como si todo esto fuera poco, también su esposa, Sandra Zimmermann vive del Estado y, casualmente, tiene un cargo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el que percibe la abultada suma de los $166.000.

Morresi, también tiene sus chanchullos

Si bien el ex futbolista no es parte de la lista de Santoro y Amor, no escapa a esa lógica de manejos poco claros que encarnan ambos precandidatos. En este caso, Claudio Morresi, también vive desde hace años de Estado, referenciándose en el espacio Kolina, que conduce la hermana del ex presidente y cuñada de la vicepresidenta, Alicia Kirchner.

Con la conformación del Frente de Todos en 2019, logró acomodarse en una boleta y accedió a una banca como Legislador porteño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente sigue con ese escaño, con un mandato que finalizará en 2023 y por el cual percibe mensualmente la exorbitante suma $263.000.

Anteriormente, al igual que Amor, supo acceder a un puesto en la Defensoría del Pueblo de CABA hasta septiembre de 2019 y, unos meses antes, cuando dejó su lugar en la Secretaría de Deportes, supo conquistar un cargo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Sus largos años en la función pública le permitieron adquirir tres autos que están registrados a su nombre: un Honda FIT 2020, un Renault Clío y un Sandero. Además, como si esto fuera poco, también cuenta con cinco propiedades, todas ellas en la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de sus abultados ingresos, Morresi tiene problemas con el fisco ya que debe dos multas en la provincia de Buenos Aires y no paga las patentes del Honda FIT, debiendo $47.634. Además, por no pagar los impuestos en tiempo y forma, derivó en una instancia judicial.

Por tal motivo, en el año 2015, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le inicio un juicio de ejecución en su contra por evasión fiscal, por casi $4.000, un número bajo para aquella época, para actualizado a los valores actuales, es una cifra más que importante. Pero, además, tiene un expediente en curso en la provincia de Córdoba y la complicación de legislador porteño continúa intacta.

Está claro que la transparencia que intentan exponer en el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires es inexistente, sobre todo porque sus candidatos y sus principales referentes son parte de un mecanismo repleto de irregularidades que le juegan en contra a sus pretensiones de desterrar al PRO de la Jefatura de Gobierno porteña.

 

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