El juez contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo, ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta suspender el funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), al considerar que se podrían estar violando pactos internacionales y leyes locales, además de constatar que se utilizó para obtener datos biométricos de políticos, empresarios, periodistas y dirigentes sociales.
El magistrado porteño dio el visto bueno a una medida cautelar solicitada en diciembre por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), que sostiene que el sistema resulta inconstitucional y contrario a pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, de los Derechos Civiles y Políticos, la ley N° 1.845 de CABA sobre protección de datos personales, ley N° 25.326 de Protección de Datos Personal y el Convenio 108 del Consejo de Europa.
A través de una resolución de 118, Gallardo ordenó al gobierno porteño “suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos, sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia, preventivo y forense”. Además, ordenó a la Policía de Seguridad Aeronáutica el secuestro de toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el SRFP, como así también llevar a cabo una pericia informática que de cuenta de todas las extracciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA, sobre la base de datos biométricos del Renaper desde el 24 de abril de 2019 a al fecha. Asimismo, determinó que se realice una comparativa entre los listados de la Conarc, del Renaper y la información obtenida y se indiquen diferencias cuantitativas y cualitativas, cantidad de coincidencia de registros y cualquier discordancia que adviertan.
La medida cautelar expuso un presunto uso irregular de los datos biométricos de destacadas figuras de la política, el mundo empresarial y el periodismo.
Según el Renaper, las solicitudes de datos biométricos efectuadas por el gobierno porteño entre el 24 de abril de 2019 y el 9 de marzo de 2022 fueron 9.900.282, un número que excede ampliamente los casi 40 mil registros del Conarc, donde están registradas todas las personas declaradas en rebeldía, con pedido de capturas, averiguación de paradero y/o comparendos.
“Resulta al menos alarmante la excesiva discordancia cuantitativa que se advierte entre el listado de personas suministrado por la Conarc, y las peticiones de datos biométricos efectuadas por el GCBA”, sostuvo Gallardo, y habló de la “irregularidad que detenta el accionar del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA en el acceso a los datos biométricos de personas que no se encuentran incluidas en la única base de datos sobre la cual funciona el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”.