El fiscal federal Ramiro González imputó en las últimas horas a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por el manejo irregular de unos $535 millones que el municipio abonaba a cooperativas de trabajo. También se imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. La fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.
El fiscal impulsó la acción penal y le pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 que salió sorteado para tramitar la causa.
La investigación apunta también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.
Cabe mencionar que la causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
Una de las medidas solicitadas por González es una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para obtener información sobre la actividad y cooperativas que recibieron los fondos del municipio y que fueron cuestionadas en la denuncia.
Las cooperativas en cuestión son: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA. “Ello -dijo el fiscal- a efectos de conocer si entre ellas existen patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.
La maniobra se completaría, según la denuncia penal, con el desvío de fondos a cuentas off shore en Miami. Por eso el fiscal pidió librar exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la presentación.
El fiscal busca saber además “toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Sebastián Raspa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y en su caso, se recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”. La investigación quiere recabar también datos de la AFIP, el Banco Central, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y un exhorto a Miami en busca de datos para corroborar las supuestas offshore.
Al respecto de ese pedido, precisó: “Se informe en qué fechas fueron dadas de alta las firmas “SCO Investments LLC”, “Raspa Investments LLC” y Borda Investments LLC”, debiéndose detallar cuales resultan ser sus actividades, quiénes son sus miembros y si las mismas se encuentran actualmente vigentes y se detalle si en esa jurisdicción se registran empresas en las cuales Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari y/o Romina Cangelosi formen parte de las mismas, y en su caso, remita las correspondientes constancias”.
Según había informado el municipio de Quilmes, las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.