El subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, junto con la senadora Ayelén Durán, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado, Teresa García, y el director del Archivo de la Memoria, Guillermo Clarke, presentó en la Cámara alta el proyecto de Ley que busca institucionalizar el Archivo de la Memoria.
La discusión y aprobación del proyecto implicará la institucionalización del organismo que se dedicará a supervisar, diseñar, evaluar y aplicar políticas para la recopilación, conservación y archivo de materiales vinculados a la actuación del terrorismo de Estado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires durante el período 1976-1983.
En este sentido, Matías Moreno explicó que “no solamente se proyecta que sea el lugar y el acervo documental de todo lo referido a la historia de la represión sino también en lo que tiene que ver con la historia de luchas de nuestro pueblo bonaerense en torno a las diferentes demandas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Dicho esto, agregó que el archivo tiene que ser “un lugar donde las memorias locales, como las del interior de la provincia, se potencien a través de las herramientas que pueda brindar el Archivo Provincial de la Memoria”.
La iniciativa se enmarca en lo relativo a la aplicación y observancia de las leyes provinciales N° 12.498/2000 de Registro Único de la Verdad, que por decreto reglamentario designó como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos, y la Ley N.º 15.204, de Registro Único de Trabajadoras y Trabajadores Estatales y Estudiantes víctimas del asesinato y/o desaparición durante la dictadura cívico militar.
Sobre la iniciativa
El Archivo de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires se propone contribuir al proceso colectivo de construcción de la Memoria, la búsqueda de la Justicia, y que la comunidad en su conjunto pueda conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en relación con los hechos de la represión ilegal.
También funcionará como soporte y resguardo del acervo documental que se encuentre bajo su poder y custodia, en tanto podrían constituirse como elementos probatorios para los procesos judiciales respecto del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico–militar.
Vale destacar que el archivo trabajará de acuerdo a lo dictado en la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, por lo que su protocolo de funcionamiento tendrá en consideración la protección de los derechos al honor y a la intimidad de las personas, y del derecho al acceso a la información.