El cuerpo de legisladores que preside el radical David Hirtz recibió en las últimas horas al subsecretario de Gestión de Registros y Seguridad Privada del ministerio de Seguridad bonaerense, Luis Erro, y al director del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires (ReBA), Fernando Ruiz.
Durante el encuentro, los funcionarios provinciales compartieron el espíritu del proyecto de reforma de la Ley de Nocturnidad impulsado por los senadores del radicalismo, Agustín Máspoli y Alejandro Celillo, y adelantaron que la administración de Axel Kicillof trabaja en un proyecto de ley que unifica varias de las iniciativas que circulan en la Legislatura bonaerense.
De esta manera, la comisión de Asuntos Municipales Fortalecimiento Institucional del Senado bonaerense dio un paso clave para modificar la Ley de Nocturnidad que regula el horario de ingreso y egreso de los locales bailables, discotecas, bares o clubes y el expendio de bebidas alcohólicas.
La propuesta de Juntos que venía siendo analizada por la comisión de Asuntos Municipales Fortalecimiento Institucional buscaba darle autonomía a los intendentes para fijar horarios de funcionamiento de locales bailables, discotecas, clubes y sus variantes. Además de actualizar las multas para los comercios o empresarios que incumplan la Ley de Nocturnidad que rige desde noviembre de 2009.
“Sugerimos que los intendentes pueden avanzar con el horario hasta las 3 de la mañana para el ingreso y hasta las 6.30 el egreso. Esto no es antojadizo ni para quitarle la autonomía a los municipios, sino porque bregamos que los chicos estén el mayor tiempo en los establecimientos que es donde están mucho más controlados que en la calle”, señaló Erro.
En la actualidad, la Ley de Nocturnidad prohíbe la entrada a los boliches pasadas las 2 de la mañana y el cierre de las puertas a las 5.30 horas y establece el límite para el expendio de bebidas alcohólicas dentro de los locales hasta las 4.30. Mientras que las sanciones por incumplir la norma van de los $10 mil a los $100 mil o la clausura del local.
“Hoy en día los valores que se estipulan no prevén mecanismos de actualización, y son sumas irrisorias, desactualizadas, lo cual hace que no genere el efecto que persigue la sanción ante la infracción de una norma”, argumentaron los legisladores de Juntos en defensa de los cambios.