Desde el Gobierno continúan con la idea de no pagarle a la Ciudad la deuda en relación al presupuesto de Coparticipación y se encuentran haciendo todo lo que esté a su alcance para evitar el desembolso indicado tras el fallo de la Corte Suprema.
De esta manera, la Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación sobre los jueces de la Corte y -al menos- postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por la Justicia, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.
En los tribunales entienden que justamente la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo, ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.
El segundo objetivo que ven en los tribunales detrás de la promoción del juicio político a la Corte es el de generar temor en los jueces de la Cámara de Casación que deben resolver causas sensibles para Cristina Kirchner: en particular los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que deben decidir si confirman o no el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso Hotesur y Los Sauces y en el expediente sobre el Memorándum con Irán. También están en la mira los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que deben analizar si confirman o no la condena a seis años de prisión por corrupción en el caso de Vialidad.
Por lo pronto, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, los jueces de la Corte tienen para resolver planteos que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra la medida cautelar que obliga a que le paguen a la Ciudad el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que recibe la Nación. La Casa Rosada había dejado de girar esos fondos en 2020, tras una huelga policial bonaerense, para redirigirlos al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. La Nación sostiene que esos fondos fuero cedidos por la gestión presidencial de Mauricio Macri a la Ciudad para pagar la transferencia de la policía porteña, pero por encima de lo necesario y de manera injustificada.
Ambas jurisdicciones trataron de ponerse de acuerdo, pero fracasaron y llevaron el caso a la Corte, que falló en favor de la Ciudad, reconociendo parcialmente su reclamo, mediante una medida cautelar que obliga a que le depositen diariamente unos 1100 millones de pesos. El Presidente primero dijo que no iba cumplir con la sentencia de la Corte y que no iba a pagar; aunque luego dijo que iba hacerlo pero con bonos, para lo cual habilitó una cuenta especial en el Banco Nación.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada presentó antes del último día hábil del año dos recursos. En uno de ellos recusó a todos los jueces de la Corte, argumentando que al resolver la medida cautelar adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo sobre la que deben pronunciarse. Esto es, si la Ciudad tiene o no derecho a que le reconozcan el retorno de los fondos. El otro recurso, que presentó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se denomina “revocatoria in extremis” y está orientado a que la propia Corte de marcha atrás con su decisión.
Por la presentación de ambos recursos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Zannini por desobediencia.
Sobre estos dos recursos se espera que ahora la Casa Rosada sume nuevos planteos, por ejemplo, ampliando la recusación de los jueces de la Corte sobre la base de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y la Ciudad. Los chats de las supuestas conversaciones entre Robles y D’Alessandro, obtenidos ilegalmente, ya fueron desechados por la Justicia como una prueba válida, pero bien puede la Nación buscar probar ese vínculo por otro camino. Eso abriría la posibilidad incluso de reclamar la nulidad de la medida cautelar con la que la Ciudad viene ganando el juicio.
“La medida cautelar no causa estado, es revisable, no es la sentencia de fondo”, señaló un abogado relacionado con el caso, que analizó que esta situación puede demorar todo el trámite del expediente de la coparticipación por la cantidad de recursos a resolver.
Este escenario es el que tienen en mente en los tribunales como parte de lo que ocurrirá en el mes de febrero. Incluso funcionarios del gobierno porteño vislumbran esta posibilidad y están preparados para litigar.