A través del Decreto 780/2024, publicado a inicios de semana en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei limitó el acceso a la información pública de los actos del Gobierno, de la actividad que sea considerada “privada” y, parcialmente, la pública de los funcionarios. Con esta nueva normativa, el Ejecutivo tendrá la capacidad de determinar cuáles datos pueden ser revelados al constituir un interés público.
De esta manera, el documento establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”, alcanzando todas las reuniones, encuentros y visitas que el Presidente reciba en la Quinta de Olivos, pero defina de índole íntima o desarticulada con su gestión.
Este tipo de información ha causado polémica en ocasiones anteriores, por ejemplo, con solicitudes para que el mandatario esclarezca la cantidad de mascotas que alberga en la residencia presidencial y se dé a conocer el costo de los caniles construidos, lo cual fue desestimado por Karina Milei por la “banalidad” de la consulta. Por otro lado, se ha cuestionado que Milei reciba a figuras del espectáculo y del periodismo oficialista en la sede de Olivos.
Asimismo, el Gobierno nacional fijó en diez años el blindaje sobre datos confidenciales o secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. El documento, además, señala que no se dará a conocer toda información que “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”; sin embargo, no especifica los parámetros para determinar su publicidad o no.
Entre los límites decretados por el Ejecutivo también se encuentra la protección del secreto financiero y los datos propios o de terceros que maneje el Banco Central, sobre la base de la Ley de Entidades Financieras. Esto se produce en medio de la polémica por el envío de las reservas del BCRA a la capital inglesa, por lo que varios funcionarios opositores elevaron pedidos de información pública, denegados por la entidad. De esta manera, el Ministerio de Economía de la Nación podrá respaldarse sobre la nueva normativa para descartar otras solicitudes de informe sobre el movimiento de los lingotes de oro.
Cabe mencionar que el Decreto 780/2024 establece modificaciones a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016 sobre la base del artículo 75 de la Constitución Nacional. Dicha legislación buscó promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública, obligando a tanto a los tres poderes del Estado como a los ministerios públicos, empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.