Diputados bonaerenses de diferentes bloques políticos aprobaron en comisiones un proyecto de ley que busca declarar la emergencia laboral en la provincia de Buenos Aires y prohibir las cesantías por el término de dos años, como respuesta a la ola de despidos que desataron multinacionales y otras grandes empresas.
Hasta la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en La Plata, llegaron trabajadores despedidos por las multinacionales Pilkington, Shell-Raizen, Volkswagen, Procter & Gamble y por la empresa gráfica Morvillo, que presenciaron el avance de esa iniciativa y de otra que repudia la decisión de las firmas.
“Venimos sufriendo despidos y presiones de todo tipo. Creemos que esta pelea es más que necesaria, porque los despidos son ilegítimos e ilegales”, sostuvieron los referentes de Shell-Raizen y de Volkswagen. Por su parte, Jorge González, de Pilkington, relató: “Hace un año y medio tengo un fallo a favor por mi despido y no lo respetan. Echaron a un compañero que fue testigo en mi juicio”.
En el caso de la empresa gráfica Morvillo, los trabajadores hace dos meses que ocupan la planta de Avellaneda, después de que, de un día para otro, la firma bajase las persianas. “Somos 234 familias que nos enteramos por un mensaje de WhatsApp que la empresa quebraba, para nosotros es una quiebra trucha”, cuestionaron los representantes que arribaron a la comisión legislativa.
La propuesta de emergencia laboral, que fue ingresada a la Cámara de Diputados a mediados de 2024 y aprobada esta semana en la comisión de Trabajo que preside la legisladora kirchnerista Soledad Alonso, pretende prohibir las cesantías y suspensiones con afectación salarial por el término de dos años, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas.
Además, las medidas de protección que establece el proyecto de ley de emergencia laboral alcanzan a trabajadores registrados, no registrados, contratados, becarios y monotributistas.
Entre otras cosas, la iniciativa también contempla la eliminación del “período de prueba”, la puesta en marcha de comisiones de control para monitorear la situaciones contable, comercial, bancaria y jurídica de las empresas y hasta posibles estatizaciones en caso de que las firmas decidan cerrar sus puertas.