Con 141 votos a favor, 64 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo nacional, que busca esclarecer el estado actual de la obra pública en todo el país, que en su mayoría fue suspendida por la administración libertaria el mismo día de la asunción de Javier Milei.
Por eso, la iniciativa que surge de la Cámara baja del Congreso apunta a conocer cuáles son las obras públicas que están paralizadas, cuáles fueron suspendidas o neutralizadas desde diciembre de 2023, y qué impacto social y económico generó el freno en el sector de la construcción a nivel nacional.
Es preciso mencionar que, el dictamen había sido firmado el año pasado en la Comisión de Obras Públicas, que preside el diputado de Unión por la Patria, Bernardo José Herrera, y solicita al Gobierno la nómina completa de la obra pública en ejecución financiadas por el Estado nacional, además de un desglose que indique cuántas corresponden a instituciones educativas, sanitarias, viviendas e integración sociourbana de barrios populares.
En la misma línea, el pedido de informes de Diputados exige que el Gobierno nacional detalle la fecha en la que cada obra pública fue interrumpida, las razones que llevaron a su paralización total, y el grado de avance que presentaban al momento de su suspensión, tanto en términos físicos como financieros.
Además, el escrito que el Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso, tendrá que incluir información sobre las obras con financiamiento internacional, como las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Mundial, así como aquellas de carácter mixto, gestionadas en conjunto por Nación y provincias.