El Gobierno Nacional anunció una profunda reforma en la política migratoria que contempla la expulsión inmediata de inmigrantes con antecedentes penales, la imposición de nuevos requisitos más estrictos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, y el arancelamiento de los servicios públicos de salud y educación para extranjeros.
Durante una declaración sin preguntas a la prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló los principales ejes del paquete de medidas, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior. “Queremos recibir a quienes vengan a construir un país más libre y próspero, pero también tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, remarcó.
A partir de la reforma, cualquier inmigrante con condena será deportado del país, “sea el delito que sea”, y quienes intenten ingresar con información falsa o por pasos fronterizos no habilitados serán inmediatamente rechazados o expulsados. Adorni también anticipó que se acortarán los plazos judiciales de los procesos de apelación para acelerar las deportaciones.
La nueva normativa, que será implementada a través de un decreto presidencial, también exigirá que los migrantes ilegales, residentes transitorios y temporales abonen por la atención médica. Además, será obligatorio presentar un seguro de salud para ingresar al país, mientras que las universidades nacionales estarán habilitadas a cobrar a los estudiantes extranjeros si así lo deciden.