Tras encabezar una reunión con rectores, gremios docentes y estudiantes, la comunidad educativa ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de financiamiento universitario, similar a la que el presidente Javier Milei vetó el año pasado.
La iniciativa busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas del país, fijando una meta de inversión educativa del 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2031. Por lo que promete ser un punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, no solo por su impacto fiscal sino también por la sensibilidad social que las casas de altos estudios generan.
En ese marco, la nueva ley de financiamiento universitario contó con el respaldo de una amplia representación opositora como referentes de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), el Fit-U, los radicales de Democracia Siempre, por y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR).
El vicepresidente de la Universidad Nacional de La Pampa, Franco Bartolacci, calificó la iniciativa como una respuesta “urgente, necesaria y razonable” frente a la crisis del sistema educativo, producto del desfinanciamiento y motosierra del Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei.