El proyecto obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a repatriar al menos el 50% de sus bienes declarados en el exterior. De no cumplir con esa condición en 30 días, deberán renunciar a sus cargos.
“Cuando se pide al pueblo poner el hombro, el ejemplo tiene que empezar por casa”. Con esa consigna, un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone obligar a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado a repatriar al menos el 50% de los fondos y activos financieros que tengan declarados en el exterior. Quienes no lo hagan en un plazo de 30 días, deberán renunciar a sus cargos.
La iniciativa, titulada Ley de recuperación de la confianza financiera, no sólo apunta a funcionarios en ejercicio, sino también a quienes estén designados para asumir: en ese caso, la repatriación deberá concretarse antes de la jura. De no cumplir con ese requisito, quedarán automáticamente inhabilitados. La propuesta también prohíbe maniobras de simulación de desapoderamiento de bienes financieros, es decir, transferencias que busquen ocultar el verdadero control sobre esos activos para evadir la medida.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran senadores del oficialismo como José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Sandra Mendoza, Silvia Sapag, José Neder, Inés Pilatti de Vergara, Florencia López, Sergio Leavy, Teresa González, Stefanía Cora, Fernando Rejal y Silvia García Larraburu. Todos remarcaron la necesidad de que quienes tienen responsabilidades públicas “den el ejemplo” y acompañen con hechos las políticas que promueven desde sus cargos.
El texto fundamenta que el gobierno nacional viene impulsando una política para que los dólares “guardados fuera del sistema financiero” regresen al circuito económico local, lo que se conoce como la “batalla contra el dólar colchón”. Sin embargo, advierten que ese mensaje pierde legitimidad si no se aplica también dentro del Estado: “El Gobierno pide confianza, pero la confianza no se exige: se demuestra. Y el mejor modo de hacerlo es con gestos concretos de quienes están en el poder”, argumentaron los legisladores.
El proyecto apunta directamente a funcionarios actuales y exfuncionarios que poseen buena parte de su patrimonio en el exterior. Entre los mencionados figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, quien según su última declaración jurada tiene 16 millones de dólares en la Isla de Man, además de antecedentes vinculados a fondos offshore en las Islas Caimán revelados por los Paradise Papers. También se incluye a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien declaró tener el 73% de su patrimonio fuera del país. En la misma línea, se citan los casos de Juan José Aranguren, Nicolás Dujovne y Leandro Cuccioli, exfuncionarios del área económica con porcentajes aún mayores de activos en el extranjero.
Desde el bloque de Unión por la Patria, señalan que esta propuesta no sólo busca recuperar dólares, sino también enviar un mensaje político en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei impulsa una dolarización de facto. Para los senadores opositores, ese camino está dirigido a la clase media, pero evita incomodar a quienes más tienen: “Primero los de arriba”, plantean. Y concluyen: “Se trata de eliminar la sensación de que existe una casta política desconectada de la realidad que vive la mayoría”.