En las últimas horas, el subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini, y el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se manifestaron en contra del proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional en el Congreso, y que intenta bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad de 16 a 13 años, luego de dar a conocer que las estadísticas sobre estos delitos bajaron en el provincia de Buenos Aires.
“Celebramos la discusión que busca imponer el Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con el enfoque y el abordaje de la propuesta. Es un debate sumamente sensible y de suma importancia social el que tenemos que dar a partir de la presentación de ese proyecto”, señaló Pellegrini, que desempeña tareas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
En esa línea, el funcionario que se desempeña bajo la órbita del ministro Juan Martín Mena, recordó que las personas en Argentina son punibles desde los 16 años, aunque hay excepciones. “Así lo establece nuestro régimen penal juvenil, dictado por la última dictadura. Sus disposiciones están desactualizadas y es necesario discutir un nuevo régimen”, explicó el secretario de Política Criminal.
Asimismo, Pellegrini enfatizó que el nuevo sistema de enjuiciamiento de jóvenes “debe ser eficiente y dar respuesta a las víctimas, no se puede bajar la edad de imputabilidad porque sí y avanzar”. “Además, tiene que respetar los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y los compromisos que Argentina asumió en esta temática ante la comunidad internacional”, remarcó el funcionario bonaerense.
En ese sentido, Pellegrini manifestó que un informe elaborado por el área que dirige dentro de la cartera de Justicia y Derechos Humanos reconoce que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes respecto del total de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires decreció en la última década, lo que pone en jaque el argumento del Gobierno nacional para avanzar con el proyecto que intenta bajar la edad de imputabilidad.
Según el proyecto de ley que presentó el Gobierno en el Congreso nacional, la tasa de delitos cometidos por adolescentes “aumenta año a año” en Argentina. Sin embargo, los datos de las provincias, en especial la de Buenos Aires, que tiene mayor población y, por ende, mayor tasa de delitos, señalan lo contrario.
En este contexto, el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, analizó las investigaciones penales preparatorias iniciadas contra menores de edad entre 2009 y 2023, y desmintió los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para comenzar a escribir el proyecto de ley.
El subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini, y el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se manifestaron en contra del proyecto de ley que presentó el gobierno de Javier Milei en el Congreso, mediante el cual pretenden bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad de 16 a 13 años.
Asimismo, Pellegrini detalló: “Celebramos la discusión que busca imponer el Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con el enfoque y el abordaje de la propuesta. Es un debate sumamente sensible y de suma importancia social el que tenemos que dar a partir de la presentación de ese proyecto”, luego de dar a conocer que las estadísticas sobre estos delitos bajaron en la Provincia.
Dicho esto, explicó que hay excepciones: “Así lo establece nuestro régimen penal juvenil, dictado por la última dictadura. Sus disposiciones están desactualizadas y es necesario discutir un nuevo régimen”, dijo, al tiempo que enfatizó que el nuevo sistema de enjuiciamiento de jóvenes “debe ser eficiente y dar respuesta a las víctimas, no se puede bajar la edad de imputabilidad porque sí y avanzar. Además, tiene que respetar los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y los compromisos que Argentina asumió en esta temática ante la comunidad internacional”.
Por otro lado, Pellegrini manifestó que un informe elaborado por el área que dirige dentro de la cartera de Justicia y Derechos Humanos reconoce que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes respecto del total de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires decreció en la última década, lo que pone en jaque el argumento del Gobierno nacional para avanzar con el proyecto que intenta bajar la edad de imputabilidad.
Esto pone en duda el proyecto de ley que presentó el Gobierno en el Congreso nacional, que afirma que la tasa de delitos cometidos por adolescentes “aumenta año a año” en Argentina. Sin embargo, los datos de las provincias, en especial la de Buenos Aires, que tiene mayor población y, por ende, mayor tasa de delitos, señalan lo contrario.
Bajo este contexto, el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, analizó las investigaciones penales preparatorias iniciadas contra menores de edad entre 2009 y 2023, y desmintió los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para comenzar a escribir el proyecto de ley.