El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, resolvió enviar a juicio a parte de la cúpula del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado de activos, además de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y encubrimiento.
Fue tras dar el visto bueno a las presentaciones que en septiembre pasado realizaron el fiscal federal Nº 1, Guillermo Ferrara, y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mario Villar y Laura Roteta, quienes acreditaron la existencia de una asociación ilícita en el seno del SOEME, la administración fraudulenta (desvío) de más de 500 millones de pesos entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2018 y maniobras de lavado de activos.
La resolución se produjo de manera parcial, ya que no incluye a quien fuera secretario general de la entidad gremial, Marcelo Balcedo, y su pareja, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay hacia donde se requirió su extradición.
Según la Fiscalía, el SOEME “fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente a costa de dichas irregularidades y desvíos que, por supuesto, perjudicaron al sindicato como institución”.
Entre las personas que irán a juicio se encuentran Mauricio Elías Yebra, Silvia Hebe Canal, Myriam Reneé Chávez –madre de Balcedo, y exdirectora del Diario Hoy–, Guillermo Daniel Chaves –primo–, Pablo Andrés Landini, Hebert Raúl Da Cunha, Francisco Alberto De Marco y Julio César Pecollo, todos integrantes de “una estructura organizada, integrada por diversas personas, con diferenciación de roles, destinada a cometer delitos indeterminados, principalmente de contenido patrimonial”.
De acuerdo a la investigación, se trataba de una asociación ilícita de la que Balcedo “fue su jefe y como tal estuvo a cargo de dirigir el funcionamiento”: se habría ocupado “de controlar la logística de las operaciones atribuyendo roles, distribuyendo las tareas (administración de los medios humanos y materiales) y disponiendo condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”. A Pecollo se lo encontró como organizador y a las demás personas como miembros.
“La asociación, además, alcanzó trascendencia internacional como consecuencia de los recursos económicos obtenidos a partir de los ilícitos llevados a cabo, lo que se vio reflejado, entre otras cosas, en la posibilidad real de costear aeronaves particulares y/o de utilizar teléfonos satelitales para conectarse más eficazmente. Estos ejemplos demuestran el alto nivel de sofisticación y de organización que revela la asociación, lo cual permitió la consumación –con éxito– de, al menos, los hechos investigados en el marco de esta causa”, se lee en el escrito elevado por el Ministerio Público Fiscal.
Para el desvío de los más de $ 500 millones los imputados “utilizaron distintas modalidades” como por ejemplo “el cobro por ventanilla de cheques emitidos bajo las leyendas ‘SOEME’, ‘SOEME – NO A LA ORDEN’ y las transferencias desde cuentas del sindicato a otras cuentas de diversas personas físicas y jurídicas”, reza el pedido de elevación a juicio, que apunta a “actos de defraudación por abuso, por cuanto las personas imputadas, en virtud de las facultades de actuar en representación del patrimonio ajeno, mediante distintos actos jurídicos –cheques, transferencias, contratos de distintos tipos, pagos de distintos rubros, alquileres, etc.–, obligaron patrimonialmente de manera abusiva al sindicato”.
En tal sentido le atribuyeron la autoría, además de a Balcedo, al apoderado Yebra –calificado como su “mano derecha”, ya que también se desempeñó como secretario privado–; a Landini –empleado del sindicato, chofer y apoderado desde 2015–; Pecollo –contador y jefe de Tesorería del SOEME, apoderado y, según la acusación, encargado “de confeccionar los cheques que permitieron la extracción de los fondos en cuestión, como así también intentar justificar su destino”–; Chaves –abogado, gerente del cuerpo de asesores jurídicos, representante legal y apoderado del SOEME, quien “cumplía un rol esencial dentro de la asociación gremial al impartir órdenes y directivas, principalmente atinentes a la utilización del patrimonio”–; y De Marco –empleado en Tesorería y desde abril de 2015 miembro de la Comisión Directiva en carácter de secretario de Hacienda y Finanzas, “cargo en virtud del cual firmó junto con BALCEDO parte de los cheques utilizados” por los apoderados–. A su vez, se consideró partícipes a Da Cunha, Canal –ex cónyuge de Yebra– y Chávez, la madre de Marcelo Balcedo.
Por otra parte, del resultado de la pesquisa surge que se habría ocultado o hecho desaparecer, durante los últimos días de diciembre de 2017 y los primeros días de enero de 2018, documentación propia de la administración del sindicato “que podría resultar de relevancia probatoria para la investigación de las irregularidades en la conducción”. El MPF le endilgó esa conducta –receptada penalmente como “encubrimiento”– a Andrea Verónica Carabajal y Vanina Bettiana Del Giudice, en tanto la primera “habría eliminado y retirado constancias documentales relativas a la administración del SOEME, en conocimiento de la existencia de una investigación penal y que se podrían producir allanamientos en las sedes de ese sindicato”. A su vez, Del Giudice, a pedido de Carabajal, habría guardado chequeras en un sobre para entregárselas. Al resolver, el magistrado declaró extinta la acción penal por prescripción y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento de esa imputada.
Es importante señalar que fueron identificados casi un centenar de bienes muebles e inmuebles: entre los muebles, priman los de tope de gama como siete autos Audi, seis Land Rover, cinco Mercedes Benz, tres Porsche y hasta un Hammer H2; mientras que hay parcelas, lotes e inmuebles en Bariloche, Adrogué, Saladillo, Tigre, Mar del Plata, Cariló y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos bienes, en el país y en el extranjero, “fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de las propias personas investigadas, de terceras personas, o de diversas sociedades comerciales empleadas para la canalización de sumas de dinero de origen ilegal”, al igual que su administración.