Pese a las irregularidades de sus funcionarios, Chascomús se encuentra entre los siete municipios con mayor transparencia fiscal.
¿Cómo será el resto? Ese es el primer interrogante que surge tras el ”Informe de Transparencia Fiscal Municipal en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires” que publicó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y que arrojó insólitos resultados: Chascomús ocupa en el período relevado el primer puesto junto a los municipios de Carlos Tejedor, Chivilcoy, La Matanza, Saavedra, San Cayetano y Tres Arroyos.
Los siete distritos con mayor transparencia recibieron 100 puntos, el máximo en la escala establecida. Además, son considerados, dentro de los que tienen alto cumplimiento, Junín y Tandil con 90; Tres de Febrero con 80; General Madariaga y Rauch con 75.
Es que en la ciudad de la laguna los chanchullos están a la orden del día. De los exorbitantes $400 mil que cobra mes a mes el intendente Javier Gastón, se suman los $155 mil que percibe su mano derecha l secretario de Gobierno, Cipriano Antonio Pérez del Cerro. Las seis cifras de su salario le resultan más que interesantes para hacerle frente a la pandemia.
Registra a su nombre una propiedad y un hermoso VW Passat CC 2013. Anteriormente había tenido un Peugeot 3008 (2010) y un 407 (2007) Sin embargo, ante la AFIP declaró que por ser letrado ganó en el año sólo $20 mil. Como si fuera poco es deudor de ARBA en categoría 1.
Pese a su dedicación full-time en la Comuna, Pérez del Cerro integra la societaria CEJIC S.A. , una empresa del rubro inmobiliario que sólo tuvo ingresos anuales por $3.630 y un cheque rechazado por $40.000 desde el 2014 que a la fecha no fue levantado.
Su afán por generar dinero de manera simple y llenarse los bolsillos aún más, se asociaría a los 11 juicios ejecutivos que tiene en curso por su presunta actividad como “prestamista”.
Del Cerro está casado Mariana Mouras, docente con sueldo de $64 mil y dos vehículos: un Peugeot 206 y un 208 (2013). Siguiendo las irregularidades de su marido, no tiene las patentes al día y es deudora categoría 2 en el ente recaudador provincial que lidera Cristian Girard.
Otro funcionario que también ve beneficiada su cuenta bancaria con seis dígitos cada inicio de mes es el secretario privado del intendente, Claudio Ortega. De todos modos, sus $108 mil no le serían un monto suficiente para poder tener una vida digna en la ciudad de la laguna.
Así es que desempeñaría funciones como profesor de Historia obteniendo $15 mil mensuales, siendo que su cargo de secretario es prácticamente full time. Sorpresivamente para la AFIP no registra actividad y Ortega no tiene ART ni declaración jurada de obra social. Sus erogaciones en consumos de tarjeta de crédito en el Banco Provincia casi triplican sus haberes mensuales. ¿Cómo hará para pagarlos? Para colmo, quien resultó concejal electo en las últimas elecciones, es deudor categoría 1 ante ARBA.
Pero la frutilla del postre es que el funcionario del “Chapa” habría resultado beneficiado con un crédito ProCreAr, el exitoso programa de vivienda (refacciones y construcción) destinado para las personas de escasos recursos cuando su salario es realmente abultado.
En este escenario colmado de irregularidades, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Nada… ya que la entidad destacó la “mejora relativa en la visibilidad fiscal municipal, a pesar del contexto pandémico”, de Chascomús y otros tres distritos (Carlos Tejedor, La Matanza, y Tres Arroyos) “exponiendo su información sin rezagos, de manera clara como accesible para el ciudadano”.
El estudio está basado en el relevamiento de la información pública que brinda cada municipalidad, en el período de búsqueda, del 31 de octubre al 9 de noviembre del 2020.
En ese lapso se evalúa la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos y de su ejecución, en las respectivas páginas web oficiales, “entendiendo que el fácil acceso web del ciudadano a dicha información presupuestaria, económico financiera y de comportamiento fiscal municipal, constituye no sólo una política de transparencia que deben darse los estados locales, sino un insumo fundamental para la toma de decisiones democrática de sus poblaciones”.
De acuerdo a la información presentada, más del 70% de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un índice de transparencia bajo, regular o nulo.