La primera sesión ordinaria del 149° período legislativo en la Cámara de Diputados arrancó con un retraso de tres horas, a pesar de que en el recinto no se debatían proyectos de peso. La demora se debió a una serie de pedidos y por la falta de acuerdo sobre una iniciativa para que la Provincia ceda tierras en la ciudad de 9 de Julio para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos, algo que finalmente fue aprobado.
El debate presidido por Federico Otermín comenzó en la tarde del jueves con un homenaje a Osvaldo Mércuri, el histórico dirigente peronista recientemente fallecido que fue presidente de la Cámara en los períodos 1989-1997 y 2001-2005. El cierre estuvo a cargo de la legisladora María Elena Torresi, esposa de Mercuri, quien tuvo un mensaje que emocionó a todos y levantó el aplauso colectivo de todas las fuerzas.
En la previa se esperaba que se deliberara sobre el proyecto de ley que autoriza el autocultivo de cannabis para fines medicinales, pero finalmente no apareció en el temario y las iniciativas que se debatieron fueron de una relevancia quizás menor. Cabe destacar que, por el nuevo protocolo, las bancas estuvieron ocupadas en un 50%, bajo la modalidad mixta de semipresencialidad.
En el segundo pasaje de la sesión, se realizó un homenaje por el Día Internacional de la Mujer, donde las diputadas que tomaron la palabra hicieron mención a los femicidios recientes acaecidos en la provincia. En este sentido, el discurso más fuerte lo tuvo Susana González, quien realizó un análisis sobre cómo los medios tratan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “yegua”, y del mismo modo sobre lo que se postula a Juliana Awada como la “mujer florero”.
El proyecto más importante que se aprobó y se convirtió en ley, es el presentado por el senador del Frente de Todos, Emmanuel González Santalla, y tiene como objetivo garantizar la formación la formación obligatoria en temáticas relacionadas a temáticas ambientales para quienes cumplen funciones dentro de los tres poderes del Estado.
De esta forma, la autoridad de aplicación será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), y se busca que, al igual que sucede con la llamada Ley Micaela, todos los funcionarios que ocupen algún rol en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sean capacitados y cuenten con herramientas para el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.
Al respecto, la diputada de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, celebró su aprobación y remarcó que “el ambiente es un sistema global, dinámico y con múltiples vulneraciones y eso donde nosotros nos desarrollamos, es muy importante interpretar ese entorno por lo que se debe incorporar la perspectiva ambiental en la política pública”.
Si bien, al no tratarse temáticas de peso, sobre todo en un año electoral en el cual se renovarán varias bancas en la Legislatura provincial, la sesión fue relativamente calma, salvo al final del debate, donde se produjo un cruce cargado de tensión entre los diputados del oficialismo y la oposición sobre el escándalo de la vacunación VIP.