El oficialismo logró en las últimas horas la sanción del convenio entre la Ciudad y la empresa IRSA para desarrollar el proyecto Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, pese a las críticas de la oposición. Para su aprobación definitiva resta la audiencia pública y un nuevo debate en el recinto.
Por 37 votos positivos (VJ, UCR Evolución y PS) y 20 negativos (Frente de Todos, FIT Unidad y AyL) la Legislatura porteña dio aprobación inicial este jueves al proyecto -que tuvo despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto- por el cual se ratifica el acuerdo firmado entre la Ciudad y la empresa IRSA para la construcción de un conglomerado de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.
El convenio entre la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que sólo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios.
Cabe recordar que el terreno en cuestión fue cedido en 1964 por el Gobierno de la Nación al Club Atlético Boca Juniors para la creación de su ciudad deportiva. En 1982, la Municipalidad de Buenos Aires le otorgó al club la posesión legal del predio, pero diez años después la institución vendió los terrenos a Santa María del Plata, sociedad que luego IRSA adquirió la mayoría de sus acciones.
Según se dio a conocer recientemente a modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, se modificó el artículo sexto, pasando a los nuevos artículos sexto, séptimo y octavo que dan cuenta de lo que IRSA se compromete a otorgar a la Ciudad:
1) La transferencia de 125.534 metros cuadrados, que representa el 17,53% de la superficie total del predio.
2) La constitución de una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad sobre una superficie de 19.919 metros cuadrados, que representa 2,78% de la superficie total del predio.
3) La ejecución de un Espacio Público, con todas las obras necesarias, por un monto equivalente a 40 millones de dólares, para la construcción de parques, plazas, plazoletas, obras viales interiores, apertura y construcción del sistema de canales y espejos de agua de uso público, y protecciones de las riberas.
4) El mantenimiento y conservación de ese espacio público por el plazo de 10 años o hasta el monto total presupuestado para gastos por la suma de pesos equivalentes a 10 millones de dólares.
5) La transferencia al futuro Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de futuro Lote 23, con superficie de 4.357 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 9.474 metros cuadrados; una cantidad de tres millones de valores nominales de Bonos de renta fija, nominados y pagaderos en dólares estadounidenses, emitidos por la República Argentina; la suma de pesos equivalentes a UVA 2.455.736, pagadero en pesos argentinos de acuerdo a la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo emitida por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al día del pago; la transferencia al Fondo que en el futuro se cree para el Desarrollo Urbano Sostenible, de Futuro Lote 22, con superficie de 2.263 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 12.630 metros cuadrados y Futuro Lote 26, con superficie de 3.381 metros cuadrados y una capacidad constructiva de 6.315 metros cuadrados.
Iba a tratarse hace dos semanas, pero una precautelar ordenó suspender el trámite legislativo del expediente que será rechazada por la Legislatura, por considerar que se trata de una intromisión de un poder en otro. El oficialismo decidió postergarlo y ya con la situación judicial resuelta, llevar el tema al recinto.
Al respecto, desde el Frente de Todos (FdT), principal bloque opositor en la Legislatura local, el diputado Javier Andrade advirtió que ″con este mega emprendimiento, (Horacio Rodríguez) Larreta consolida su modelo urbano: una ciudad que garantiza los espacios verdes y el acceso al río a las minorías privilegiadas, y donde la vivienda es utilizada como negocio y reserva de valor por unos pocos”. Andrade también afirmó que Costa Urbana será un ″barrio privado en la Ciudad de Buenos Aires″, aunque este tipo de urbanizaciones están prohibidas en el Plan Urbano Ambiental del distrito.
En este sentido, el diputado apuntó que, con la modificación de la Ley de Catastro impulsada por el oficialismo porteño el mes pasado, “quedaron habilitados los instrumentos para crear barrios cerrados”, y agregó que, “inmediatamente después de eso, se firmó el convenio con Irsa”, el que contempla “calles interiores en una parcela indivisa”.
Desde el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), en cambio, el diputado Daniel Del Sol dijo que este acuerdo es parte de un “plan de desarrollo urbano y sustentable cuyo objetivo es desarrollar el área sur de la ciudad, crear espacio público de calidad, incrementar los espacios verdes de acceso libre y gratuito y generar fondos para enfrentar la crisis generada por la pandemia”.
“Sin dudas va a potenciar la Ciudad, con incorporación de más espacios verdes y espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de un área costera que hoy por hoy se encuentra fuera del acceso de la población”, afirmó el diputado.
El convenio urbanístico que obtuvo media sanción incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas, y habilita la construcción de edificios que tengan como máximo los 145 metros.
A cambio, Irsa, propietaria de esas tierras, se compromete a ceder el 67 por ciento del predio para que sea un parque público y se hará cargo de su mantenimiento por 10 años.
Luego, la diputada Inés Gorbea (UCR-Evolución), aseguró que la nueva urbanización incluirá “viviendas, oficinas y comercios, lo cual implica más desarrollo para la zona y más seguridad, además de 15.000 puestos de trabajo. Nuestro bloque acompaña la primera lectura y trabajará para mejorar el proyecto”.
Su compañero de bloque Martín Ocampo añadió después que “esta primera sanción habilita la participación ciudadana”, a partir de la cual “pueden hacerse modificaciones al proyecto”.